Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo 42: Autorización para no pagar por medios financieros
En pocas palabras
Regula cómo las autoridades fiscales resuelven las solicitudes de autorización para liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios señalados en el primer párrafo de la fracción III del artículo 27 de la Ley. Valoran cada caso, entre otros parámetros, si el pago a proveedores se hace en poblaciones o zonas rurales sin servicios financieros y qué tan aislado está el proveedor. El contribuyente aporta las pruebas que considere pertinentes. La autorización vale para el ejercicio fiscal de su emisión y se revisa cada año.
Preguntas relacionadas
- ¿Cómo se autoriza no pagar a proveedores por medios financieros si están en zonas rurales sin bancos?
- ¿Cuánto dura la autorización para liberar de pagar por medios del sistema financiero?
- ¿Qué se revisa cada año en las autorizaciones para pagar sin medios financieros?
Resumen escrito con IA a partir del texto oficial; el texto oficial es el que vale.
Para efectos del artículo 27, fracción III, párrafo tercero de la Ley, las autoridades fiscales resolverán las solicitudes de autorización para liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios señalados en el primer párrafo de dicha fracción, de conformidad con lo siguiente:
Se apreciarán las circunstancias de cada caso considerando, entre otros, los siguientes parámetros:
a) El que los pagos efectuados a proveedores se realicen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios financieros, y
b) El grado de aislamiento del proveedor respecto de las poblaciones o zonas rurales donde hubiera servicios financieros, así como los medios o infraestructura de transporte disponibles para llegar a dichas poblaciones o zonas.
Para efectos de esta fracción, el contribuyente deberá aportar los elementos de prueba que considere pertinentes, y
II. La vigencia de las autorizaciones se circunscribirá al ejercicio fiscal de su emisión y las autorizaciones serán revisadas anualmente considerando, entre otros, los siguientes aspectos:
a) El desarrollo de los medios o de la infraestructura del transporte;
b) El grado de acceso a los servicios financieros en la población o zonas rurales de que se trate, y
c) Los cambios en las circunstancias que hubieren motivado la emisión de la autorización.